En el seno del Gobierno de Canarias, se ha propuesto una medida pionera que busca abordar de manera contundente el problema de la importación de productos alimentarios ilegales. Esta iniciativa, planteada al Gobierno de España, pretende tipificar dicha práctica como un delito contra la salud pública, elevando su gravedad y estableciendo sanciones acordes con la amenaza que representa para la sociedad.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha sido el encargado de presentar esta propuesta durante el pleno del Parlamento autonómico. Quintero ha hecho hincapié en la importancia de esta medida, destacando que recientemente se han incautado más de siete toneladas de productos tropicales y subtropicales ilegales en los puertos del archipiélago.
La importación de alimentos ilegales no solo supone una amenaza para la economía local y nacional, sino que también pone en riesgo la salud pública de los consumidores. La falta de control sanitario y de trazabilidad en estos productos puede ocasionar serios problemas de salud, desde intoxicaciones alimentarias hasta la propagación de enfermedades.
Por ello, la propuesta del Gobierno de Canarias busca reforzar el marco legal existente, dotando a las autoridades de herramientas más efectivas para combatir este tipo de prácticas ilícitas. Al tipificar la importación de productos alimentarios ilegales como un delito contra la salud pública, se enviará un claro mensaje disuasorio a aquellos que intenten vulnerar las normativas vigentes.
Además, esta medida contribuirá a proteger la agricultura local y promoverá un comercio justo y transparente, en el que se garantice la calidad y la seguridad de los alimentos para los consumidores canarios y españoles en general.
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